El 10 de septiembre los abogados ejercientes en
Málaga estamos convocados a la Junta General
en el Colegio. El primer punto del orden del día abordará la pretendida reforma
de los Estatutos colegiales, por la que el Decano, don Javier Lara, amplia un
año su mandato, que pasa de 3 a
4 años. Los anteriores Decanos, don Nielson Sánchez Stewart y don Manuel Camas
y el letrado que suscribe esta columna hemos presentado enmiendas a esta
ampliación de mandato, al considerar que no se ajusta a Derecho y además, es
profundamente antidemocrática.
Javier Lara toma posesión ante la Constitución que juró defender. |
La pretendida ampliación de su mandato se hace
aprovechando el cambio del mandato de futuras Juntas de Gobierno de tres a
cuatro años. Mediante una disposición transitoria, de dudosa legalidad, el
Decano, se arroga la facultad de ejercer un año más su cargo, sin pasar por las
urnas. Estas disposiciones se utilizan para evitar la pérdida de derechos o
expectativas de los mismos, cuando cambia una norma. Aquí se utiliza de forma
inversa: La disposición cercena el derecho de los abogados de votar, y ser
votados, en las elecciones previstas para septiembre de 2015. Asimismo otorga
un mandato a la actual Junta de Gobierno, cuando es una competencia reservada a
los titulares de la soberanía colegial, los abogados.
Las decisiones, no por votarse se convierten en
democráticas. La Democracia
es algo más que votar en un Estado de Derecho. El principal argumento del
Decano en su defensa es que a la
Junta acudirán más de 7,000 abogados asimilando la Junta General a las Elecciones
Generales. Ojalá fuera así, aunque no parece muy probable, puesto que han
reservado la Salón
de actos para su celebración que apenas tiene una capacidad para 300
compañeros, que viene a ser el número de abogados que suelen concurrir a dichas
Juntas, que normalmente no despiertan mucho interés entre los letrados, que
están preocupados de sus clientes y sus despachos, más que de las intrigas
colegiales.
No obstante, es muy posible que el M.I. Decano
gane esta votación, puesto que sus amigos cercanos a la Junta de Gobierno están muy
interesados en mantenerlo en el cargo y tienen motivos importantes para acudir.
Por el contrario, la inmensa mayoría de abogados, bastante tienen con encarar
el comienzo del nuevo curso, como para preocuparse de pucherazos ajenos.
Tampoco tengo muchas esperanzas en el informe previo que tiene que redactar la Consejería de Justicia
de la Junta de
Andalucía, para inscribir el cambio en el Registro de Colegios Profesionales.
Tribunales de Justicia para salvar la dignidad
de nuestro Colegio, que está obligado por el artículo 36 de Constitución a
tener una estructura y un funcionamiento democrático.
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