DESOBEDIENCIA
¿Es necesaria la Ley de Represión Ciudadana? Depende de tus objetivos. Si pretendes amordazar la protesta, silenciar al desesperado, esconder el sufrimiento de una población inocente que paga los excesos de unos pocos. Entonces es muy necesaria.
Arrebatar a los jueces la tutela de nuestros derechos, alegando la potestad sancionadora del Estado, es propio de la peor de las dictaduras. Ya no serán los jueces quienes decidan si has faltado al respeto a una autoridad, o si has incumplido uno de sus mandatos; será el político de turno. ¿Podemos dejar nuestros derechos fundamentales en las manos de personajes como el Ministro Fernández, para quien las cuchillas de Melilla apenas provocan unas pequeñas “erosiones”, o para quien las abortistas son etarras?
Los jueces y fiscales deberían de ser los primeros en protestar ante esta violación de Derechos y garantías a los ciudadanos, que quedamos sometidos a la arbitrariedad del político, o la porra del policía.
Pero esta represión es inconstitucional, puesto que como establece el propio Consejo de Estado, ésta se encuentra limitada a la “protección de su propia organización y orden interno”. Para el ejercicio de esta potestad, debe legitimarlo una relación de sujeción especial, como la de los conductores al reglamento de Seguridad Vial, los manifestantes a la Ley Orgánica de Manifestación, o los contribuyentes a las leyes tributarias.
El Estado no puede “ porque si” juzgar y sancionar a un ciudadano. Esta potestad jurisdiccional está reservada desde hace 37 años a los jueces y tribunales. Con esta reforma se pretende ampliar esta potestad sancionadora alegando la “protección del orden social general”.
El artículo 25.1 de la Constitución Española (todavía vigente) determina el carácter excepcional de los poderes sancionadores de la Administración del Estado. El gobierno se prepara para reprimir las protestas, arrogándose una potestad ilegal de sancionar actos que sólo los jueces pueden castigar.
El PP ha terminado la labor que comenzó el PSOE ( entonces bajo el pretexto del origen franquista de los jueces) acabando con la división de poderes y los necesarios contrapesos, necesarios para evitar los abusos del Estado.
Máxime, cuando para recurrir una sanción injusta ( se contaran por decenas de miles) tienes que acudir a una jurisdicción especial reservada para el Estado ( la contenciosa administrativa) pagar las tasas más elevadas para la petición de Justicia ( Derecho Fundamental) y ponerse en manos de un abogado y procurador ( y también pagarles) El gobierno ha dado un golpe al Estado de Derecho
Así es como mueren la Libertades en España. Nos meten un poco de miedo, y en aras de nuestra seguridad, no sólo acaban con nuestra libertad, sino que acaban con la igualdad, con el Derecho a protestar, a manifestarse. Nos arrebatan nuestro Derecho, y Deber que todos tenemos de luchar por un mundo mejor.
Ante estas leyes injustas, la desobediencia no es un Derecho. Es el Deber de toda buena persona.
¿Es necesaria la Ley de Represión Ciudadana? Depende de tus objetivos. Si pretendes amordazar la protesta, silenciar al desesperado, esconder el sufrimiento de una población inocente que paga los excesos de unos pocos. Entonces es muy necesaria.
Arrebatar a los jueces la tutela de nuestros derechos, alegando la potestad sancionadora del Estado, es propio de la peor de las dictaduras. Ya no serán los jueces quienes decidan si has faltado al respeto a una autoridad, o si has incumplido uno de sus mandatos; será el político de turno. ¿Podemos dejar nuestros derechos fundamentales en las manos de personajes como el Ministro Fernández, para quien las cuchillas de Melilla apenas provocan unas pequeñas “erosiones”, o para quien las abortistas son etarras?
Los jueces y fiscales deberían de ser los primeros en protestar ante esta violación de Derechos y garantías a los ciudadanos, que quedamos sometidos a la arbitrariedad del político, o la porra del policía.
Pero esta represión es inconstitucional, puesto que como establece el propio Consejo de Estado, ésta se encuentra limitada a la “protección de su propia organización y orden interno”. Para el ejercicio de esta potestad, debe legitimarlo una relación de sujeción especial, como la de los conductores al reglamento de Seguridad Vial, los manifestantes a la Ley Orgánica de Manifestación, o los contribuyentes a las leyes tributarias.
El Estado no puede “ porque si” juzgar y sancionar a un ciudadano. Esta potestad jurisdiccional está reservada desde hace 37 años a los jueces y tribunales. Con esta reforma se pretende ampliar esta potestad sancionadora alegando la “protección del orden social general”.
El artículo 25.1 de la Constitución Española (todavía vigente) determina el carácter excepcional de los poderes sancionadores de la Administración del Estado. El gobierno se prepara para reprimir las protestas, arrogándose una potestad ilegal de sancionar actos que sólo los jueces pueden castigar.
El PP ha terminado la labor que comenzó el PSOE ( entonces bajo el pretexto del origen franquista de los jueces) acabando con la división de poderes y los necesarios contrapesos, necesarios para evitar los abusos del Estado.
Máxime, cuando para recurrir una sanción injusta ( se contaran por decenas de miles) tienes que acudir a una jurisdicción especial reservada para el Estado ( la contenciosa administrativa) pagar las tasas más elevadas para la petición de Justicia ( Derecho Fundamental) y ponerse en manos de un abogado y procurador ( y también pagarles) El gobierno ha dado un golpe al Estado de Derecho
Así es como mueren la Libertades en España. Nos meten un poco de miedo, y en aras de nuestra seguridad, no sólo acaban con nuestra libertad, sino que acaban con la igualdad, con el Derecho a protestar, a manifestarse. Nos arrebatan nuestro Derecho, y Deber que todos tenemos de luchar por un mundo mejor.
Ante estas leyes injustas, la desobediencia no es un Derecho. Es el Deber de toda buena persona.
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