Juan Antonio Roca Nicolás tenia detallada información sobre las investigaciones que instruía el Juez Miguel Torres. Cuando el juez ordenó a la Unidad de Asuntos internos investigar la identidad de la persona que se esconde detrás de las iniciales J.A.G se encontró con un muro infranqueable. El juez Torres ordenó investigar la identidad del alto funcionario policial que mantenía informado a Juan Antonio Roca. La investigación calló en manos de Alfredo Marijuan, Alfredo Marijuán Varona, a la sazón uno de sus hombres de la máxima confianza de Juan Antonio González (en adelante JAG) . Por supuesto, fue archivada sin mayor trámite.
JAG no tardó mucho tiempo en devolver el favor. Alfredo Marijuán fue imputado junto con Valentín Bahut por un delito de revelación de secretos, fijándose como hechos probados su colaboración con un narcotraficante italiano. JAG testificó a favor de sus leales colaboradores, a pesar de lo cual fueron hallados culpables. No obstante, la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo al entender que las escuchas telefónicas habían vulnerado el derecho a la privacidad en las conversaciones telefónicas ( Sentencia Nº: 223/2010 de la sala de lo penal del Tribunal Supremo ). No me resisto a transcribir los argumentos del Tribunal Supremo sobre los derechos de los policías:
Repetimos una vez más, no por tratarse de policías los investigados se han de reducir o relajar los controles de legalidad constitucional a los que el juez está vinculado, siendo las facultades invasivas en tal derecho fundamental de idéntica índole y protección que las correspondientes a los demás delincuentes.
Efectivamente, nadie debe estar por encima de la Ley y todos debemos gozar de las mismas garantías que protegen nuestros derechos fundamentales. De la misma forma, todos los delitos deben ser investigados, aunque los haya cometido un funcionario de intachable hoja de servicios.
El argumento de las defensas malayas es tan pobre como triste. Ya sabemos que no están todos los que son. Se trata de juzgar si son todos los que están. Hace más de tres años publiqué todos estos hechos en el libro Mafia y corrupción, pero la impunidad del poderoso ha continuado.
Esto nos lleva a dos reflexiones, la primera ¿ Por qué los políticos escogen a colaboradores que pueden estar implicados en asuntos turbios? Por la sencilla razón que no tendrán más remedio que obedecer fielmente los dictados de su amo. Si se trata de investigar todos los trapos sucios de un partido político, dejando a un lado los demás, no dudará en obedecer a quien tiene la llave de su futuro.
En segundo lugar ¿ Por qué están tan politizados los Cuerpos de Seguridad del Estado? Porque de esta forma se rompe la división de poderes. El poder judicial necesita el poder del ejecutivo para actuar. Controlando al policía y al fiscal, controlas al juez.
Desde la publicación del libro no son pocas las presiones y advertencias que he recibido. Acusar al poder acarrea un peligro evidente sobre el denunciante. No obstante, es el deber de toda persona desear que impere la Justicia. Que la Ley sea igual para todos, y que ningún delincuente pueda excusar sus delitos en que quien lo investiga también los ha cometido.
Juan Antonio Roca pagó 200.000 Euros en efectivo para tener un conocimiento exhaustivo de las investigaciones sobre su persona. El pago (presuntamente) se lo repartieron entre Francisco de Paula ( Comisario de Marbella) y JAG. Estos hechos no han sido investigados. Roca no tirará de la manta, puesto que sabe que de su silencio depende su futuro y el de su familia.
Tristemente creo esta impunidad será utilizada por los "malayos" y los "gürtelianos" para justificar su delitos. La falta de valentía de nuestra democracia no les exime de sus delitos, pero tenemos por delante dos tareas importantes: La despolitización de la policía, y una autentica separación de los poderes del Estado.
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