El mercado negro de las radio piratas en España

El pasado 1 de mayo entró en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual con el fin de “ regular, ordenar con visión de medio y largo plazo, con criterios que despejen incertidumbres y den seguridad a las empresas y con la intención de proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión o de restricción de acceso a contenidos universales de gran interés o valor” tal y como establece su misma exposición de motivos.

El marco regulatorio de la Televisión Digital Terrestre ha quedado perfectamente acotado. No obstante, en el sector radiofónico continua el desorden, siendo la única ley que impera la del más fuerte.

En España operan 2907 radios sin licencia o con graves irregularidades, frente a 1906 con autorización administrativa. Por tanto el 60 % del sector se en la ilegalidad, en un fenómeno que se conoce como “radios piratas”.

En muchos casos son radio fórmulas musicales de ámbito local, en otros son emisoras asociadas a los grandes operadores del sector. Las grandes empresas del sector como PRISA, VOCENTO PLANETA o COPE utilizan en pocas ocasiones radios sin licencia, aunque si que comenten numerosas irregularidades como la utilización de radios municipales (que no pueden tener contenido en cadena ni comercial) o la emisión a mayor potencia, abarcando territorios mucho más amplios de los que le concede su licencia. No obstante estas empresas si que utilizan radios piratas para sus segundas marcas como Cadena 100 en el caso de la COPE, Máxima FM en el caso de PRISA, Onda Melodía en el caso de VOCENTO, o Europa FM en el caso de Onda Cero

Las autonomías no otorgan licencias para mantener a las emisoras en la precariedad jurídica, con la amenaza de cierre en cuanto critiquen al gobernante de turno. Evidentemente, los políticos conceden las licencias a sus amigos, a cambio de transmitir una percepción interesada de la realidad. Cuando existen intereses económicos en juego, la realidad es que la libertad de expresión pasa a un segundo o tercer plano. En este mercado sin Ley, impera la ley del más fuerte. Propietarios de los centros emisores chantajean, estafan y extorsionan a periodistas que intentan ejercer su derecho a la libertad de prensa, desamparados por los poderes públicos que permiten la compraventa ilegal de frecuencias.

Este fue mi caso, cuando sin experiencia en el sector, contraté los servicios profesionales de un ingeniero de Telecomunicaciones que aseguraba tener la autorización para emitir en una frecuencia en Marbella. Al poco tiempo de realizar la inversión, me encontré con un expediente administrativo sancionador por emitir si las autorizaciones que su técnico en comunicaciones aseguraba tener. Lógicamente, se procedió a resolver el contrato con el técnico ingeniero de Telecomunicaciones, quien solicitó 6.000 Euros en pago por la frecuencia, que aseguraba era de su propiedad. Despues de denunciar la estafa y la extorsión, el mismo fue detenido y el caso se encuentra en el juzgado de instrucción nº 2 de Marbella.

Esta es la situación que impera en el sector radiofónico. Unos pocos operadores se han apropiado de los bienes públicos, que son las frecuencias, comprándolos y vendiéndolos en su provecho y en perjuicio de los ciudadanos que no disfrutan de una radio de calidad y efectivamente regulada.

 

La falta de regulación efectiva del sector lo ha convertido en una selva de operadores, con numerosos delitos como la  compraventa de frecuencias ilegales, la quema del centros emisores, la extorsión a periodistas y empresarios de la comunicación o el robo de numerosos equipos de Telecomunicaciones que pasan a formar del amplio mercado negro que impera en el sector.