El Ayuntamiento de Marbella ha sido notificado de la firmeza de 117 sentencias relativas a la nulidad de las licencias otorgadas por los gobiernos de Jesús Gil y Gil y que conllevan la demolición de los edificios afectados. El bien jurídico protegido es el derecho de los ciudadanos a disfrutar de equipamientos y zonas verdes , que fueron ocupados por los edificios construidos durante la era Gil.
Estas sentencias anulan las licencias urbanísticas concedidas por el GIL y que autorizaron la construcción de 5.110 viviendas que según las sentencias deberían ser demolidas. La alcaldesa ha manifestado su intención de proteger a los denominados «terceros de buena fe», compradores de las viviendas ilegales que suman los 50.000 afectados. No obstante, también son afectados los ciudadanos que han perdido equipamientos y servicios publicos que ahora ocupan las viviendas ilegales.
La comisión gestora que se hizo cargo del ayuntamiento, eran 1007 las licencias de obra mayor ilegales, cuya revisión comenzó de oficio la Junta de Andalucía al asumir las competencias urbanísticas del municipio.
De las 117 sentencias el Ayuntamiento ha comenzado 19 incidentes para no ejecutar la sentencia, argumentando que el nuevo plan general legaliza las construcciones, en el caso que promotores o propietarios compensen al municipio por los equipamientos y zonas libres perdidosTambién se han ejecutado 2 sentencias por equivalente, y quedan pendientes 3 sentencias en las que se condena al ayuntamiento a revisar de oficio las licencias concedidas.
Cargos de confianza del equipo de gobierno consultados por Es Radio no han indicado que la Junta de Andalucía debe ser consecuente con la aprobación del Plan General y solicitar la no ejecución de las sentencias.
La Junta interpuso 430 recursos d entre 1995 y 2006 contra las edificaciones y solicitó la ejecución de al menos 8 sentencias según declaró el Delegado de la Junta José María Ruiz Povedano el 15 de noviembre de 2006.
Fuentes jurídicas consultadas indican que estas sentencias están condenadas a dormir el sueño de los justos, y que nunca será cumplidas. No obstante, aquellos ciudadanos que se vean perjudicados por el incumplimiento de las sentencias pueden solicitar una indemnización al Ayuntamiento al haber emito una licencia ilegal, a la Junta de Andalucía por haber fallado estrepitosamente en la supervisión urbanística del Ayuntamiento, y al Estado Central por la dilación de los procedimientos judiciales que han tardado más de 10 años en determinar la nulidad de unas construcciones. Esta tardanza ha producido un claro perjuicio a los ciudadanos que han visto sus derechos pisoteados por el Ayuntamiento la Junta de Andalucía y la Administración de Justicia.
1 comentario:
¿La reclamación es individualizada en relación a una persona o grupo de personas?
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