sábado, 3 de abril de 2010

Los trabajadores de CajaSur pagarán las inversiones malayas de la Caja

La fusión de CajaSur con Unicaja se está retrasando más de lo deseable. Mientras los Consejos de las Cajas Andaluzas discuten sobre el reparto del poder de la nueva Caja, Caja Sur sigue sin dar préstamos mientras paga 1.300.000 euros a los obligacionistas preferentes a pesar de las pérdidas de casi 600 millones en 2009, el impago del cupón hubiera generado incertidumbre entre los clientes y depositantes de la caja, lo que hubiera podido complicar una fusión que se espera cerrar antes de junio".

Mientras las filtraciones sobre la dudosa gestión de Caja Sur se suceden. Las operaciones más criticas incluyen las realizadas con el promotor cordobés Rafael Gómez, imputado en la operación Malaya, con quien compartían al 50% la sociedad promotora Arenal Sur 21.

En agosto de 2006 Cajasur compró la sociedad al empresario conocido como Sandokán, por su parecido con el personaje literario, por 125.000.000 euros. No fueron las últimas inyecciones en la deficitaria promotora. En 2007 la caja invierte otros 46 millones de euros y otros 125 millones este año. En total la Caja ha desembolsado 296 millones euros, sin tener en cuenta los préstamos hipotecarios, información a la que no tenemos acceso.

En la absorción de la caja Cordobesa también entran en juego intereses políticos, además del obispado cordobés que controla la Caja Según el Informe de Gobierno Corporativo del pasado ejercicio, el PSOE , IU y el PA deben a la Caja 2.750.000 euros, de los que 1.800.000 euros se encuentran impagados al vencimiento.

En cuanto a las instituciones públicas con representantes en el consejo de la entidad , sobresalen la Diputación de Córdoba (8 millones en préstamos), el Ayuntamiento cordobés (7 millones), el de Jerez, en una situación financiera crítica (4.300.000 millones) o el de Palma del Río, con 1.500.000 millones

¿Quien pierde con esta mala gestión? En primer lugar el empresario, que no tiene crédito, así como sus trabajadores, que ven peligrar sus puestos de trabajo, en segundo lugar los ahorradores, con peor retribución y servicio ( pueden estar tranquilos, puesto que el Fondo de Garantía de depósitos garantiza todos sus ahorros), y en tercer lugar el contribuyente que tendrá que pagar la factura con los 900 millones de euros que inyectará el estado en la nueva Caja fusionada.

Mientras tanto, los consejeros en lugar de asumir su responsabilidad, siguen discutiendo sobre cuotas de poder, bajo la excusa de la negociación por el Expediente de regulación de Empleo que será necesario para tapar el agujero que nos han dejado.

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