Tal y como anunció Libertad Digital hace unos días, el PP ha demandado ante el TSJA al Gobierno andaluz por no sancionar al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que no se inhibió como exige la Ley en la concesión de una ayuda a Matsa, empresa en la que trabajaba su hija como apoderada específicamente para la obtención de subvenciones.
Ya advertimos que la falta de responsabilidad en el amito penal del Sr. Chaves no le exime ni de responsabilidad administrativa ni política. La querella criminal interpuesta ante el Tribunal Supremo fue apresurada, mal fundamenta y con recortes de presnsa como únicas pruebas. No obstante, esta demanda tiene mucha más consistencia, y estás que probable que el TSJA aprobará la nulidad del acuerdo que dieron lugar a la subvención de Matsa. En tal caso, habría que ver por el informe de la Inspección General de Servicios no apreció indicios de infracción en la conducta de Manuel Chaves lo que conllevaría una pena entre los 3 y los 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público. Es decir, que parece que Chaves si que se jubila antes de los 65
Mientras tanto, la Junta de Andalucia asegura que la actualidad está marcada por el caso Matas y no por el caso Matsa. Se equivocan, ambos temas son de portada aunque sólo se diferencien en el orden de las letras. Matsa y Matas, dos claros ejemplos de la enfermedad que padece nuestra democracia y que se llama corrupción.
Marllorca no es Marbella, decía Matas hace 4 años. Pues va a resultar que si, Sr. Matas. Resulta bastante evidente que el partido popular conocía el altísimo tren de vida del ex presidente, y que cuando huyo como alma que lleva el diablo al perder las últimas elecciones, no la hacía para hacer las américas, puesto que ya había hecho fortuna a costa de los ciudadanos.
Sres. políticos socialistas y populares, con la corrupción no basta mirar hacía otro lado. Se debe denunciar. Aquellos responsables políticos que conocen una corruptela y no la denuncian se convierten en cómplices del delito. Si cualquier ciudadano está obligado a poner en conocimiento de las autoridades judiciales los delitos de los que tenga conocimiento, con más motivo los que ostentan un cargo público tiene un especial deber de diligencia y responsabilidad.
El problema es que una mano lava a la otra, parece que son muchos los que tienen vergüenzas que esconder, y una vez han puesto la mano, se convierten en rehenes de sus delitos. En fin Carlos, como dice el refranero, con estos estos bueyes tenemos que labrar.
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