En Marbella se produjo una quiebra total del sistema jurídico de protección a los compradores de viviendas. Desde un Ayuntamiento que daba licencias de obra a quien no debía hasta el registrador que no inscribía la paralización de la obra, pasando por el juez que no lo ordenaba.Ahora los compradores se verán sujetos al pago de compensaciones ( el gobierno del Partido Popular las disminuriá, pero no las puede eliminar totalmente), porque se quedaría sin equipamientos.
Ahora, los "compradores de Buena fé", concepto JURÍDICO, definido como aquel que compró un inmueble sin cargas ni gravámanes inscritos en el Registro de la propiedad, se enfrentan al problema de tener que pagar las compensaciones. Juridicamente, compró sin carga ni gravamen, por tanto si aparecen "cargas ocultas" ( como ya han aparecido desde la aprobación incial del Plan) el comprador tienen un acción jurídica llamada evicción.
El problema que tendrán es que la justicia es lenta, y cuando el Ayuntamiento les exija el pago, que en mayor o menor medida, se lo exigirá, y ellos demanden a los promotores, será demasiado tarde y tendrán que adelantar el dinero.
La opción sensata es la que están tomando algunos presidentes de comunidades de propietarios que han entablado una demanda civil contra la sociedad que les vendio libre de cargas y gravámenes, así como contra el admnistrador que firmó la escritura de compraventa, manifestado que el inmueble estaba libre de cargas y gravámenes.
Estos presidentes, le piden al juez que sea el promotor el que pague la eventual compensación al titular de la carga, es decir al Ayutamiento. Y están haciendo una gran labor, para sus vecinos y para sus conciudadanos. Porque unos no tendrán que pagar, y otros recuperarán sus equipamiento. A los presidentes que "miran a otra parte", les pasará como a Chavés. Que la realidad se les vendrá encima.
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