Los profesionales tambien prueban la amarga "medicina" de los recortes

El pasado viernes, a petición de la Troika, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de servicios profesiones, que tendrá una agitada tramitación parlamentaria. La ley es una réplica "amable" de la reforma laboral. La suavidad de los recortes se debe a la labor de los lobbies (conocidos como Colegios profesionales, o asociaciones profesionales de autónomos) que han conseguido salvaguardar derechos de sus colegiados, en contraposición al estrepitoso fracaso de los sindicatos en su oposición a la reforma laboral.

Tal y como hicieran con el mercado laboral ( con el aplauso de muchos "expertos" que ahora se rasgan las vestiduras  cuando prueban un poquito de su propia medicina) la troika se lanza en picado contra un colectivo numeroso ( no tanto como los trabajadores asalariados) con la única intención de empobrecerlos en aras a una falsa competitividad.

Coincido con el Ministro Guindos en que la regulación de los Colegios Profesionales se había convertido en una necesidad, puesto que la actual normativa data de hace más de dos siglos. Hacer de esta necesidad una excusa para recortar también los derechos de abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, farmacéuticos es tan injusto como contraproducente, aunque no me produzca tanto rechazo como la reforma laborar que recorta los derechos de los más débiles.

Leído el anteproyecto, se debe reconocer que tiene algunos aspectos positivos, como la necesidad de que la remuneración de cargos directivos deberá aprobarse por una mayoría cualificada de los colegiados, y la más que necesaria transparencia en el dinero que gestionan de las Administraciones Públicas y sus colegiados.

Estas medidas no son suficientes para conseguir que los Colegios profesionales dejen de ser el cortijo de un grupo de profesionales que conviertes una Institución vital para el buen funcionamiento de sus compañeros en un negocio para sí, y sus allegados. Los Colegios deben tener una función reivindicativa, pero no solo para con los derechos de sus colegiados, también para los ciudadanos que demandan sus servicios y que tienen derecho a que una Institución garantice el buen funcionamiento del gremio.

Un compañero abogado me proponía la sustitución del Colegio de Abogados por listado de abogados en ejercicio y una comisión deontológica para el ejercicio de la potestad sancionadora y fomento de la formación de los miembros de un gremio. Yo disiento. Los colegios profesionales tienen una importantísima función social, siendo éste el auténtico motivo de su existencia. Antiguamente los gremios eran simples conspiraciones profesionales para optimizar las remuneraciones de sus miembros, pero es evidente que en nuestra sociedad moderna esta necesidad, que sí tuvieron durante la transición a una post industrial basada en el sector terciario, se ha sustituido por un mandato de servicio público irrenunciable.

Desgraciadamente la mayoría de colegios profesionales se han convertido en un grupo de amigos que defienden corporativamente sus intereses económicos (u otros  más espurios) en contra del resto de la sociedad. Comprendo que estas palabras causen el enfado de algunos compañeros (la verdad es cuando no te conviene, es difícil de encajar) pero lo digo desde el cariño y la voluntad de servicio público que siempre debe empapar el funcionamiento de un colegio profesional.

La necesaria función social de los colegios me lleva a detestar la pretendida disolución de los colegios provinciales de muchas profesiones, incluida la abogacía. La fusión de los colegios provinciales en uno autonómico no solventará las irregularidades en su funcionamiento, sino que los agudizarán de forma espectacular. Tampoco servirá para abaratar los servicios profesionales, sino que conllevará un empeoramiento de de la calidad de los servicios que prestan los profesionales, en perjuicio de los ciudadanos.

Se trata de un recorte más en el Estado del Bienestar impuesto por los poderes económicos, que no tienen otro objetivo que empobrecer, también a los profesionales y que sean ellos los que paguen los platos que otros rompieron, y que se beneficiaron de ellos.

Siendo enemigo del corporativismo que campa por los colegios profesiones en perjuicio del resto de la sociedad, esto no me lleva a ser partidario de liberalizaciones que conllevarán un injusto empobrecimiento de algunas profesiones, como los arquitectos. La pretendida  irrupción de las ingeniarías en el campo profesional de los arquitectos sólo traerá más pobreza a un gremio durísimamente castigado por la crisis. Liberalizar no es introducir la competencia desleal castigando a profesionales que han sudado sangre para obtener su título de arquitecto.

No obstante, si que estoy de acuerdo en retirar absurdas barreras de entrada en profesiones liberales como la abogacía. El examen de acceso a la abogacía esconde un intento de los ejercientes (insolidarios) para tener menos competencia. La actitud de algunos profesionales que se empeñan en imponer a los jóvenes un examen que ellos no tuvieron que superar es una vergonzante forma de negarles el pan a los jóvenes, ahora que tanto lo necesitan. Y los que alegan motivos de calidad en el ejercicio profesional, son probablemente los únicos que deberían examinarse. El examen para el acceso al turno de oficio es una garantía más que suficiente para el servicio público del turno de oficio.

Tenemos una oportunidad estupenda de mejorar la competitividad de un sector tan importante como el de los servicios profesionales, y garantizar que cumplen fielmente con su función social. Estos objetivos son perfectamente compatibles con el respeto a los legítimos derechos profesionales que todos debemos defender.