PIENSA por un momento como sería tu vida si por la mañana no
saliera agua del grifo. Ni de la ducha. Ni del aseo. Actualmente hay dos mil
millones de personas que no tienen acceso a saneamiento, entre ellos 800.000
europeos, a pesar de que el 28 de julio de 2010 el acceso al Agua fue declarado
un Derecho Humano Fundamental.
LAS entidades responsables del abastecimiento de agua
realizan un servicio público de vital importancia para la sociedad. Las
instituciones públicas tienen el deber de garantizar el acceso al agua a todas
las personas, sin distinción de su vecindad o su condición económica.
SORPRENDENTEMENTE en Málaga muchos hogares no disponen de
agua. Durante el año 2011 la empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA)
comenzó 40.687 expedientes de corte de suministro de los que 6.406 hogares
terminaron con el corte efectivo. La pobreza es una triste realidad, que cada
día es más difícil esconder por parte de nuestras autoridades.
EXISTE una frontera invisible donde nace el barrio de La
Palma-Palmilla. Muchos malagueños no se han acercado nunca por el barrio, por
prejuicios alentados desde las administraciones públicas.
QUIEN traspasa la frontera, se encuentran una realidad bien
distinta. Un barrio con mucha vida, alegría y solidaridad entre los que viven
con humildad, pero con una dignidad que ya le gustaría tener a cualquiera de
nuestros representantes políticos.
EL barrio nació por la necesidad de reubicar a las familias
desahuciadas por los planes urbanísticos de El Perchel y La Trinidad. A los
habitantes de las torres de La Palma no les dieron su escritura pública, motivo
por el cual las deudas de los impuestos y suministros se acumulan con cada
transmisión. Tampoco les instalaron los necesarios contadores de agua, de forma
que la deuda del consumo estimado se acumulaba año tras año.
EMASA decidió poner fin a la situación contratando a
TRACASA, empresa cobradora de morosos. El modus operandi de esta empresa
consistía en acudir a los domicilios supuestamente deudores con un
reconocimiento de deuda por el consumo estimado de los últimos cinco años. Sin
importar quién es el propietario del inmueble, o el titular del contrato de
suministro llamaban a la puerta con la amenaza de “meterlos en la cárcel” en el
caso de que se negaran a firmarlos. Nadie se resistió a tan convincente coacción. La deuda ilegítima
alcanza en algunos casos los 75.000 euros. En total en la barriada hay 1.800
familias sobre las que han impuesto una deuda falsa de 3.700.000 euros. La
deuda media es por tanto de 2.055 euros en un barrio donde la renta media
familiar apenas alcanza los 400 mensuales.
CUANDO las familias no podían hacer frente a los pagos les
cortaban el suministro, procediendo entonces estas familias a “enganchar” el
agua, lo que constituye un delito de defraudación. Muchas de ellas acabaron en
el calabozo, tras la querella criminal interpuesta por la empresa pública de
agua, en muchas ocasiones encabezada por el despacho de abogados de la
exconcejala Agüera, quien obtuvo pingues beneficios gracias a la sed de sus
antiguos votantes.
LA actuación de la empresa municipal constituye un caso de
libro de criminalización de la pobreza, cuando las administraciones públicas
deben velar por los derechos de los más débiles, e integrarlos en la sociedad.
ESTA política se encuentra protegida por los prejuicios
típicos de que los gitanos no quieren pagar, que hay mucho sinvergüenza, etc.
Sin embargo, marginar a barrios enteros condenándoles a la exclusión repercute
muy negativamente en la propia ciudad.
LOS vecinos (estoy domiciliado en La Palmilla) exigimos la
suspensión inmediata de los procedimientos judiciales, la nulidad de los
reconocimientos de deuda obtenidos bajo coacciones y una bonificación en la
ordenanza municipal que permita a las familias que no tienen ni para comer, que
al menos tengan el mínimo vital de agua, al que todos tenemos derecho.
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