La Fiscalía Anticorrupción (presuntamente)

Para cualquier jurista de bien resulta lamentable estudiar los hechos acaecidos en torno a la (todavía resunta) financiación ilegal del Partido Popular, y a la (también supuesta) investigación judicial.

En primer lugar, la declaración del director de El País indica que tenían noticias de la existencia de la trama desde hace 3 años, aunque fue recientemente cuando obtuvieron la prueba física de su existencia. Lógicamente, llamaron a las personas señaladas en estos documentos para contrastar la información. Los dirigentes del Partido Popular llevaron a cabo dos maniobras inteligentes para reconducir la situación:

En primer lugar,  filtran el caso al periódico amigo El Mundo, de forma que se adelanta 2 días a El País en su denuncia de los hechos. Eso si, lo hace sin pruebas, porque en realidad se trataba del propio Partido Popular quien, conocedor del impacto inminente intenta que sea un "amigo" el que lleve el pulso informativo del caso.

En segundo lugar, lo pone en conocimiento de otro amigo, el Fiscal General del Estado y su obediente subalterno, el fiscal anticorrupción. Éstos, en lugar de denunciar los hechos, como es su OBLIGACIÓN, abren diligencias informativas ( y secretas). Es decir, guardan el asunto en la nevera,  y se reservan la iniciativa en el caso.

Hasta este momento, tenían el caso "controlado" y no interesaba su judicialización, sino que durmiera el sueño de los justos, en el cajón de la Fiscalía Anticorrupción. De ahí que cuando el juez Ruz negó en dos ocasiones los vínculos entre la contabilidad B de Bárcenas y los donativos Gürtel, respirasen aliviados; tanto en Génova, como en "anticorrupción".

Precisamente la Fiscalía anticorrupción tiene una (discutible) costumbre de archivar los escritos-denuncias que puedan incomodar al Gobierno, sin realizar diligencia alguna de comprobación. Y aquí puedo decir aquella vergonzante expresión de "me consta". Y si miento, que me detengan.

Entonces llegó la querella de Izquierda Unida. Desconozco si eligieron el día en el que estaba de guardia Gómez Bermúdez, o fue casualidad. Lo cierto es que fue el juez PREDETERMINADO POR LA LEY a quien se le turnó el caso. Un juez conoce de un caso cuando una persona denuncia los hechos, no cuando admite a trámite la querella ( tal y como consiguieron los amigos del Borbón, Los Albertos para que sus delitos prescribieran). Se llama el Derecho a la tutela judicial efectiva,  o más simplemente, el Derecho que tenemos de que haya Justicia. 

Esta querella hizo sonar todas las alarmas. El bloqueo judicial del caso se veía superado. De ahí que se pusieran a trabajar como locos para encontrar algún vínculo entre Gürtel y Bárcenas, para así quitar el caso a un juez que resulta incómodo al Partido Popular ( aunque el único motivo es que llevó el caso del 11.M de forma profesional, sin hacer caso a conspira-noias delirantes del Partido Popular y su entorno medíatico) 

Cualquier análisis jurídico objetivo de la competencia del caso Bárcenas, nos lleva a la conclusión de que es el juez Gómez Bermudez el competente para llevar el caso. Y lo que es seguro es que se lo quitarán, porque el Partido Popular y su obediente fiscalía,  prefiere a un juez menos beligerante, no vaya a ser que a alguien se le ocurra investigar quien se lucró de los sobornos empresariales.

Tampoco es descartable, que el juez Ruz les dé una sorpresa. La Justicia emana de el Pueblo, y éste tiene sed de aquella.  Esperan que se imparta, y de no hacerse, la tomarán lo que es suyo, por sus propios medios. Por el bien del Estado de Derecho, espero que todos, incluido el Fiscal Anticorrupción, tome consciencia de que la Ley, expresión de la voluntad popular, es su único jefe. Y la voluntad popular, no es la del partido, es la del Pueblo.