Constructores disfrazados de Señorías

El 17 de  Agosto de 1998 Jesús Gil y Gil aprobó su PGOU de Marbella donde pretendía declarar urbanizables 30 millones de metros cuadrados, entre los que se encontraban 11 kilómetros cuadrados de terrenos forestales de alto valor ecológico. Con la coartada del Plan aprobado y toda la parafernalia que acompañaba a Jesús Gil, los promotores se lanzaron a construir, con la complicidad de la mafia gilista que facilitaba todos los permisos, a cambio de lucrativas comisiones. El mencionado Plan fue anulado el 21 de julio de 2003 al no haber sido aprobado por la Comisión de Urbanismo de la Junta de Andalacía.

Durante esos 5 dorados años de burbuja inmobiliaria construyeron cientos de miles de viviendas, muchas de las cuales fueron legalizadas, gracias a la benevolencia de la Junta de Andalucía y el actual gobierno municipal que los amnistió con el nuevo Plan General del año 2008. No obstante, nada pudieron hacer con 16,500 inmuebles, cuya ilegalidad no podía ser perdonada, puesto que habían hurtado a los ciudadanos derechos tan importantes como zonas verdes, hospitales, colegios, infraestructuras, espacios libres etc.

Este hurto no podía haber sido cometido sin la complicidad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual se negaba a paralizar todas y cada una de la construcciones ilegales que eran denunciadas por pocos ecologistas que resistían en Marbella la invasión de la codicia inmobiliaria. El Alto Tribunal andaluz alegaba que de paralizar las obras se cometerían daños de “difícil o imposible reposición” motivo por el cual permitía que los constructores consolidaran sus ilegalidades, en perjuicio de los ciudadanos, que veían sus derechos cercenados por los Tribunales que debían haberlos amparado.

Finalmente, no tuvieron más remedio que decretar la ilegalidad de las construcciones y emitir un total de 1007 sentencias ordenando el derribo de las obras ilegales, reconocido la imposibilidad de que sean legalizadas por un nuevo Plan. Ninguna de estas sentencias ha sido ejecutada, permitiendo que las casas se vendan a terceros compradores de buena fe, beneficiando a todos aquellos que se beneficiaron de las ilegalidades inmobiliarias, que nos han conducido al desastre económico más grande de los últimos 100 años.

Los ciudadanos tienen derecho a que se ejecuten las sentencias de los Tribunales. Los jueces no pueden convalidar actos ilegales de Administraciones Públicas que cercenan derechos de los ciudadanos, máxime si ha contribuido al permitir finalizar las construcciones a la comisión del delito.

Esta es la solución que le damos a la crisis: que la paguen los ciudadanos. Mientras en este país no hay Justicia, nada nos debe extrañar que los ciudadanos no puedan confiar en ella… se encuentra secuestrada por constructores disfrazados de Señorías.