La Ley de memoria histórica establece que “Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”
Por otra parte la Ley 46/1977 de 15 de octubre amnistió expresamente” los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos en las leyes”
El aparente conflicto entre ambas normas es el que ha acarreado la imputación del Juez Garzón por un presunto delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes que se produjeron durante el franquismo por funcionarios públicos o miembros de los ejércitos españoles
Este conflicto fue acertadamente descubierto por el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que recomendó dos semanas después de que Garzón se declarase competente para investigar las más de 114.000 desapariciones la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
Por una parte, las jurisprudencia actual no admite la legitimidad de las leyes de amnistía como fórmula de transición desde un régimen totalitario a una democracia.
Si el Parlamento español pretendía que se “indagara” sobre las víctimas y sus lugares de descanso eterno, debería haber tenido la valentía de declarar nulos de pleno derecho los preceptos de la Ley de Amnistía contrarios a la nueva legislación. No lo hicieron, y este conflicto de leyes, acarreó un inevitable conflicto de competencias.
Todo el mundo mira ahora al Tribunal Supremo español que se ha visto obligado a imputar al juez Garzón, al haber sido éste requerido por la fiscalía a que se inhibiera de la causa, haciendo éste caso omiso a sus advertencias.
Me presentaron al Garzón junto al Juez Miguel Ángle Torres ( a quien ya conocía por los procedimientos instruidos en el marco de la conocida como operación Malaya ). El magistrado dio una conferencia sobre la jurisdicción universal, más conocida como Justicia Universal.
El principio de Justicia Universal, se materializa en el ordenamiento jurídico español, a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se establece la competencia de la jurisdicción española para juzgar los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo cometidos en el extranjero aunque sean cometidos por personas extranjeras”
El fundamento de este principio de universalidad o justicia universal radica la existencia de un Bien jurídico universal (los Derechos Humanos ) unido a la inexistencia jurisdicciones únicas mundiales para perseguir los delitos contra los Derechos Humanos. Específicamente España ha asumido compromisos internacionales en la defensa de los Derechos Humanos. Ningún Estado debe asumir un “monopolio” en la persecución de estos delitos porque todos los están obligados a intervenir y colaborar para juzgar y reprimir estos crímenes.
De forma oscura, miserable y cómplice la Jurisdicción Universal Española fue limitada en el año 2009 a los casos en los que los presuntos responsables se encuentren en España o que existan víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su "persecución efectiva", esta reforma se hizo contra el criterio del Tribunal Constitucional que insistía que estos delitos gravísimos podían y debían ser perseguidos en España con arreglo a las Leyes españolas aunque los hechos no presentasen “vinculación alguna” con España por todas STC 237/2005, STC 227/2007
Presiones de estados como Israel, Cuba o China empujaron a los partidos políticos a acometer esta reforma y cercenar así la persecución de los crímenes contra la Humanidad.
El principio de Justicia Universal debe prevalecer sobre los justicieros galácticos cuya pretensiones abarcan desde la persecución de los criminales a la alimentación del ego despertado por el poder de la Ley
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