Durante la campaña electoral para las elecciones europeas ha comenzado un debate sobre la utilización de fondos públicos para financiar las actividades de los partidos políticos. Algunos califican este debate como "innecesario". Nada más lejos de la realidad.
El Consejo de Europa considera que nuestros políticos son los más "despilfarradores" de Europa. Lo grave no es que despilfarren nuestro dinero, y no el suyo.
Recientemente el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) realizó una serie de recomendaciones a España, con especial interés en la contabilidad de los partidos sus fundaciones y las agrupaciones locales.
El problema se remonta a la transición española. Los partidos políticos no cuentan con una partida determinada en los Presupuestos Generales del Estado (como si la tiene la Casa Real o el Congreso de los Diputados). Este es el motivo por el cual se ven abocados a una financiación heterodoxa, en función del número de diputados, créditos a largo plazo de los agradecidos bancos y desesperadas cajas, donaciones a sus fundaciones y otras prácticas que la prudencia me obliga a obviar.
Este despilfarro repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos, bien sea pagando más impuestos o sufriendo unos peores servicios públicos. En estos momentos de crisis, cuando al conjunto de trabajadores, empresarios y profesionales nos cuesta horrores llegar a fin de mes, la situación se convierte en un agravio imperdonable a los ciudadanos.
Podemos hacer la misma reflexión para con los liberados sindicales, que cumplen una función tan importante como necesaria. No obstante, si destinan ese tiempo que le deben a sus compañeros al partido donde militan, se convierten en comisarios políticos, más que en defensores laborales.
En realidad, la normativa estatal reguló los denominados "trabajadores laborales eventuales" en la Ley de Bases del Régimen Local, lugar donde se acomodan los cargos de confianza. Posteriormente, la Administración andaluza se afanó en dar carta de naturaleza a todos los estómagos agradecidos (jurídicamente denominados "personal eventual") definiéndolos como "aquellos que ocupan puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial". Es decir, "los nuestros".
No obstante, todavía existe una especie más privilegiada que el cargo de confianza, el denominado "Directore de Servicio" según lo dispuesto por el artículo 106 de la mencionada Ley de Bases del Régimen Local. Los define la Ley como los "nombrados a propuesta del Alcalde entre personas con la titulación, aptitud y experiencia adecuada para estar al frente de cada rama o servicio especializado cuando la complejidad de los servicios propios de competencia municipal así lo aconsejara"
En Marbella encontramos a Diego López, coordinador de Juventud. Todavía estamos esperando que la alcaldesa explique cuáles son los títulos, aptitudes o experiencia ( tal y como exige la ley) de este voluntarioso joven, cuyos títulos se limitan al graduado escolar y su experiencia consiste en chófer de la alcaldesa durante la campaña electoral y camarero de una conocida discoteca de Marbella. Debemos reconocer una gran voluntad a este joven de melena recatadamente recogida para mejorar las cosas, así como cierta imaginación para ejecutarlas con pocos recursos. Su nombramiento es tan irregular como poco ejemplarizante para la juventud de Marbella, que necesita políticos honrados, meritoriosy capaces.
NO lo digo yo, lo dice la Constitución española que consagra el merito y la capacidad como principios que informan el ingreso en la función pública. Por supuesto, la Magna Carta se refiere a méritos profesionales ( y no personales) y capacidad probada (y no en la pistas de baile), como bien nos recuerda el Tribunal Supremo.
En la Costa del Sol la situación no es diferente. Los numerosos políticos que ostentan un cargos de confianza se deben al partido. Una forma de vida que parasitaria que esclaviza a los ciudadanos.
Tampoco la situación es mejor en otras administraciones públicas. Algunas se convierten en una suerte de liberación política para aquellas personas a las que se les debe una prebenda, o a los que conviene tener disponibles para tareas de orden político aunque no público.
Las diputaciones y mancomunidades son aquellos lugares donde moran los agraciados políticos que felizmente pacen la recaudación de los ciudadanos, complaciendo la voluntad de sus auténticos amos, es decir sus partidos. Aquellos que los colocaron amablemente en el pesebre donde maman vorazmente su ubre presupuestaria, mientras dure.
Resulta demasiado frecuente comprobar cómo un cargo de la Diputación Provincial de Málaga, o de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ofrece una rueda de prensa en horario laboral, o envía un comunicado de prensa de su partido. Incluso un concejal de Marbella hasta hace pocos meses no tenía competencia municipal alguna, porque se dedicaba a "labores de partido". Resulta tan ilegal como inmoral. Lo político no es público, aunque ellos se nieguen a comprenderlo
Todos los políticos tienen el deber moral de intentar cambiar la sociedad tal y como se lo indiquen sus principios, pero no a costa de ellos. Es por ello, que yo estaría totalmente de acuerdo en crear una asignación presupuestaria dentro de los presupuestos generales del Estado. Así al menos no tendrán que financiarse de una forma, cuanto menos, espuria.
La sociedad civil debe evitar la creación de una clase de profesionales de la política, cuya única forma de vida sea el ingreso de las arcas públicos, porque si no tiene otra forma de ganarse la vida, se convierten en fiales vasallos al servicio de su omnimodo amo.
Porque siempre es mejor saben cuánto pagas, aunque sea mucho, en lugar de desconocer cuanto te roban.
Eso si, son más majos que las pesetas.
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